| El paro social del día miércoles 4 de abril convocó a miles de estudiantes y profesores que protestaron en contra de la Ley General de Educación (LGE) y las crisis que existen al interior de cada plantel. Fue así como un grupo de estudiantes de la Universidad de Valparaíso (UV) –campus Santiago- llegó hasta la Alameda vistiendo unas largas bolsas negras con letras que al ser unidas formaban la palabra “embargo”.
La UV atraviesa por uno de los peores momentos financieros y administrativos de su historia, ya que durante los últimos 20 años debió sustentar su crecimiento institucional bajo un modelo educativo basado en el autofinanciamiento y con mínimo aporte estatal. Esta situación hizo que se hipotecara el patrimonio institucional en 23 mil millones de pesos.
Sobre esto, el senador Nelson Ávila sostuvo que “el modelo educativo contribuyó a que las casas de estudio estatales fuesen cada vez más vulnerables, como en el caso de la Universidad de Valparaíso, donde se llegó a una situación de insolvencia técnica, en la cual los responsables aún no han sido identificados”.
Es cierto que en un momento las autoridades de la UV decidieron adoptar medidas para frenar el empobrecimiento del organismo, pero no rindieron frutos. La más emblemática fue la implementación de una política expansionista que permitiera generar mayores ingresos por medio de la apertura de nuevas sedes en Rengo, Aysén, Los Andes, Melipilla, San Felipe y Santiago. No obstante, el conflicto pronto se ramificó a dichas ciudades.
Crisis en la capital
En Santiago, el sentimiento de los alumnos de la UV es que sus autoridades desperdiciaron muchos recursos debido a malas gestiones administrativas. Un ejemplo es la falta de infraestructura donde impartir las clases, lo que obligó a arrendar algunas aulas en los centros de formación técnica La Araucana e Iplacex.
A esto se suma la orden de embargo que recae sobre la sede Cal y Canto, la cual amaneció tomada el día jueves 6 de marzo. Desde entonces, la situación se ha venido extendiendo y agudizando. “Iniciamos la toma porque la universidad no se preocupó de la sobrepoblación de nuestro campus y luego, porque el Tribunal nos informó sobre el embargo de nuestra facultad”, declaró el estudiante de Ingeniería Oceánica, Eduardo Castro.
Dentro de la sede Cal y Canto no queda prácticamente nada. Algunas sillas y mesas son los ornamentos que -junto a los rayados en las murallas- decoran las lúgubres salas. En la biblioteca los estantes están vacíos y una abandonada dependencia funciona como una improvisada cocina donde los alumnos comparten las últimas esperanzas antes del desalojo que debiera concretarse dentro de las próximas dos semanas.
Al respecto, Castro aseguró que seguirán firme en sus posturas pese a todo. “Tenemos la clara convicción de defender nuestra casa de estudios porque aquí está el material con el cual estudiamos y no lo vamos a dejar, aunque eso nos signifique ir detenidos”.
Un futuro incierto
Ante la incertidumbre del alumnado, el estudiante de Trabajo Social, Rodrigo Soto, declaró que en el Ministerio de Educación no encontró una respuesta satisfactoria a la problemática que vive la UV. “Fuimos a plantear nuestro caso al Ministerio, donde el encargado de Asuntos Estudiantiles nos dijo que poco se podía hacer, ya que la autonomía universitaria se lo impedía, pero que iba a realizar una gestión interna para tratar generar una medida satisfactoria al conflicto”, puntualizó
Pese a todo, las autoridades académicas anunciaron que a partir del 1 de agosto, todas las carreras que se imparten en Santiago contarían con un campus propio situado en la Alameda. Sin embargo, los representantes de la toma aseguran que eso no les da tranquilidad. “Estamos en junio y la empresa contratista todavía no empieza los trabajos. Todo indica que -una vez más- la universidad está pasando a llevar los acuerdos sostenidos con nosotros”, argumentó el dirigente estudiantil.
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