VALPARAISO, 23 de Mayo de 2008
Excelentísima
Sra. Presidenta de la República
Doña Michelle Bachelet
Santiago
Estimada Señora Presidenta:En carta pública del día 10 de abril, alerté a la rectora subrogante señora Adriana Patricia Acuña Johnson, así como a la Honorable Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso, de la inconveniencia de iniciar el proceso eleccionario para elegir rector, programado originalmente para el 21 de ese mes, si previamente no se daba comienzo a una auditoria externa y se realizaba un sumario para individualizar responsabilidades a la luz del informe de la Contraloría General de la República Regional. El mismo daba cuenta de gravísimas irregularidades administrativas y financieras en la Universidad de Valparaíso.
En estos días se ha confirmado que mi advertencia era atendible. Realizado el proceso de votaciones, entre los días 15 y 16 de mayo, el plantel se mantiene aun más dividido. Esto, debido a que la enorme mayoría de su comunidad académica, estudiantil y funcionaria cuestionó el proceso eleccionario.
Lo anterior se confirma con las cifras obtenidas. De un universo electoral de 1067 votos, 593 (55,58%) fueron nulos y sólo 474 (44,42%) resultaron válidamente emitidos.
La comunidad estudiantil en varias oportunidades se ha reunido conmigo y manifestado que respecto al proceso eleccionario recién culminado, la Federación (FEUV) no reconoce al Rector electo por considerar “no válido” el proceso eleccionario.
Los funcionarios no académicos agrupados en la AFUV, llamaron a postergar el proceso electoral por encontrarlo “inoportuno”. En relación a su legitimidad, los funcionarios no académicos no se pronunciaron porque la Universidad de Valparaíso, a instancias del Consejo Académico, les negó toda posibilidad de participar en el mismo.
La Asociación de Funcionaros Académicos (AFA-UV) se pronunció públicamente en reiteradas ocasiones sobre la “ilegitimidad” del proceso eleccionario, solicitando su aplazamiento. Fueron ignorados por la Honorable Junta Directiva. Además esta petición fue llevada al Ministerio de Educación por un grupo de académicos, los cuales desafortunadamente, no fueron escuchados.
Un grupo de ex-autoridades advirtió varias veces sobre lo delicado, inoportuno, improcedente e ilegitimo del proceso eleccionario antes de ser programado por la Honorable Junta Directiva. Esto por no cumplirse lo establecido en la Ley 19.305, que exige el voto informado. En este caso específico, era conocer el real estado financiero y administrativo de la universidad, condición necesaria para evaluar los programas de los candidatos y las eventuales soluciones a la peor crisis que sufre esta corporación. Cabe señalar que la Junta Directiva unánimemente había señalado, en septiembre del 2007, que no llamaría a elecciones si no se realizaba, primero, una auditoria externa para obtener una información adecuada de dicho estado financiero.
La Universidad de Valparaíso durante los últimos 20 años debió sustentar su crecimiento institucional bajo un modelo educativo basado en el autofinanciamiento y con mínimo aporte estatal. Esta situación derivó en hipotecar el patrimonio institucional en veintitrés mil millones de pesos. Dicho modelo, ha contribuido a que las universidades estatales sean cada vez más vulnerables, y en el caso de la Universidad de Valparaíso, la llevó a una situación de insolvencia técnica, en la cual los responsables aun no han sido identificados y se mantiene el secretismo sobre esto.
La grave crisis que vive hoy la Universidad de Valparaíso pone en riesgo su viabilidad como institución pública. Esto, me obliga a reiterar mi preocupación por la falta de una legislación específica relativa a la Educación Superior que respete los valores republicanos de ésta. Mientras más se dilate en abordar este tema, más nos acercamos al colapso del sistema en su conjunto.
Existen vías silenciosas de ir privatizando la Educación Superior y es lo que hemos observado en estos últimos 18 años, en que las Universidades han debido endeudarse para cumplir su rol social. Preocupa en el caso específico de la Universidad de Valparaíso, que todos sus activos estén hipotecados. Ello, proyectado a la crisis global del sector deja la puerta abierta para que los acreedores u otros actores apropiándose de los inmuebles, impongan modelos rentistas absolutamente inadecuados para la gestión de universidades públicas, alejados del espíritu que las fundó para la República.
Señora Presidenta, dependiendo del tipo de solución, obtendremos una salida o una radicalización del conflicto social asociado a esta crisis.
Teniendo a la vista los considerando y reflexiones anteriores, concluyo en lo siguiente:
1.- La ratificación de la autoridad elegida en las condiciones descritas, no resuelve los problemas. Al contrario: los agudiza y generará otros más complejos.
2.- Se necesita de su parte una definida voluntad política de abordar las soluciones de fondo respecto a la Educación Superior Estatal, apegándose a la misión que corresponde a toda universidad pública.
3.- La salida no traumática sería el nombramiento de un(a) rector(a) interino(a) o suplente en gestión de crisis, propuesto por un mecanismo legítimo acordado por la comunidad universitaria. Como precedente, tal situación ocurrió en la Universidad de Valparaíso el año 1998 lo que permitió resolver exitosamente un conflictivo proceso.Muy apreciada Presidenta: las medidas que se tomen ante la profunda crisis de la Universidad de Valparaíso pueden ser el inicio de una escalada mayor de conflictos, pero también el comienzo de la solución acertada de ellos por parte del Estado.
Le saluda, muy respetuosamente,
La Mayoría Decide
